—Raúl he leído con atención la portada del último número de El Manifiesto en el que se informa que se obliga a la Oposición a que pa-guen las fotocopias. Se les cobra un precio abusivo y además se realizan copias para que el Pesoé sepa sobre lo que investiga o trabaja la Oposición, ¿qué te parece?
Raúl respondió yéndose por las ramas— Bobadas, andan desorientados como siempre. Lo que de verdad les debe preocupar es lo obsoleto de nuestro aparato administrativo municipal. Son pataletas de niño enfadado, si el Ayuntamiento tuviera a disposición de la Oposición, del Gobierno, de los funcionarios y de todos los ciudadanos, un portal en Internet desde donde se pudieran bajar los documentos en formato electrónico, el asunto queda-ría zanjado.
—Pero Raúl… —intentaba interrumpirle uno de los paisanos.
—¡Calla y no interrumpas! —Le increpó Raúl, de forma inquisi-toria—Con esa medida, que no es ningún disparate, ahorra-mos papel, tóner, máquinas copiadoras, funcionarios que tu-vieran que estar a disposición de la persona que pretenda la copia del documento, agilizándose los trámites y, desde cual-quier sitio y des-de cualquier modo –incluso desde un teléfono móvil- y a cualquier hora los documentos estarían a disposición de quien los precise.
—Raúl ten en cuenta que los del Manifiesto no criticaban eso, a lo que se referían es a que se están violando las libertades públicas al impedir a la oposición acceder a la información necesaria para la adecuada realización de su función fis-calizadora en su condición de oposición. No puede sos-tenerse que los Concejales para ejercer su función, tengan que actuar como particulares, olvidando que forman parte del Ayuntamiento y que se les exija cualquier gravamen para el ejercicio de su fun-ción. Eso contradice frontalmente la Consti-tución. Acaso el Alcalde, al solicitar cual-quier documento a Secretaría, ¿paga las fotoco-pias?. Si no es así, chocaría frontalmente con el principio de igualdad consagrado en el Art. 14 de la Constitución. Raúl, acaso sabias que la Sala de lo Penal del Tribunal Supre-mo, en su sentencia de (*)8.02.1993 condenó al Alcalde del Ayuntamiento de Verín como autor de un delito de prevarica-ción por cobrar por las fotocopias y por impedir el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos en las leyes a la pena de diez años y un día de inhabilitación especial para los cargos de Alcalde, Concejal y cualquier otro electivo. Como ves, en políti-ca pasa como en las matemáticas: todo lo que no es totalmen-te correcto, está mal.
—Cómo no lo voy a saber, si a quienes no les dejaban hacer fotocopias eran a mis colegas socialistas que estaban en la Oposición... Pero, eso no es importante, quédate con lo del portal de Internet. Debes abandonar ese discurso enloquece-dor y turbador y hacer lo que yo y tantos otros, pasar, criticar a la Oposición, echar mierda sobre El Manifiesto y mirar para otro lado.
(*)Esta sentencia se puede leer en el blog:
http://dechatosconraulcastro.blogspot.com/
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